‘Gringasho’ sale libre este año: crece 11% delincuencia juvenil

Alexander Pérez Gutiérrez, el trujillano que bajo el alias de ‘Gringasho’ fue catalogado como el sicario más joven del Perú, abandonará este año la cárcel para dedicarse a una actividad que prefiere no revelar.

Este sujeto estuvo recluido en un reformatorio de Trujillo, luego fue trasladado a ‘Maranguita’, de donde se fugó, y desde mayo del 2013, Pérez –de 22 años– se encuentra en un área del penal Ancón II junto a 51 jóvenes, debido a su alta peligrosidad, tras una evaluación psicológica.

 “Cada 15 días me llama por teléfono, pero nunca me comenta qué hará cuando salga, si estudiará o trabajará. Es muy reservado, solo dice que no quiere volver a lo mismo”, comenta Henry Cisneros, abogado de ‘Gringasho’ desde que tenía 16 años.
El Instituto Nacional Penitenciario asegura que Pérez saldría libre en junio de este año. El tiempo demostrará si se rehabilitó de verdad o su encierro fue solo una pausa en su actividad delictiva. Esa disyuntiva es la misma que pesa sobre el resto de menores recluidos.
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Aumentan infractores
En el Perú, hacia finales del 2016, había 3.632 adolescentes infractores que recibían tratamiento de rehabilitación por mandato de los jueces. El proceso se puede llevar dentro de un centro juvenil, cuando la infracción es muy grave, o a través de programas educativos que el Poder Judicial dicta en determinados horarios y que no incluyen el encierro.

En el 2015, la cifra de infractores era de 3.256, es decir, el número aumentó en 376 (11,5%), y seguirá creciendo, dice Julio Magán, ex presidente del INPE y gerente de Centros Juveniles.

En Lima hay 1.057 infractores en los centros juveniles ‘Maranguita’, Santa Margarita y el Anexo III de Ancón, donde está ‘Gringasho’.

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“Uno de los primeros problemas que he detectado es que hay una sobrepoblación de 146% en los centros juveniles. Están hacinados y así no puede haber una rehabilitación”, añade. Robo, hurto, violación sexual, lesiones y tráfico de drogas son las infracciones más comunes entre los menores.

El Poder Judicial recalca que ellos no cometen delitos sino infracciones, así se trate de un asesinato. Según el nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, hasta con 10 años de internamiento se sanciona a quienes tengan entre 16 y 18 años y cometan sicariato. Según la policía, hay menores desde los 12 años que ya poseen armas de fuego en el Callao.

“Según el código, un muchacho va a estar encerrado en un centro juvenil hasta que cumpla 28 años. Esa norma se  dio para satisfacer el populismo de gente que solo exige cárcel, como si con eso se redujera la inseguridad”, remarcó Magán. Cerca de la cuarta parte de los infractores manifestó, durante el último Censo Nacional de los Centros Juveniles, que su madre era golpeada por su padre o el padrastro, y 4 de cada 10 infractores dijeron que tienen un familiar preso.

El 30 de diciembre del año pasado se aprobó el decreto legislativo que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal al Ministerio de Justicia.

La norma estipulaba que dentro de 30 días debía formarse una comisión técnica encargada del proceso de transferencia, que podría durar un año. “Pero hasta ahora el Minjus no nos informa nada”, indica Magán.

“La transferencia se realizará en un año y demorará porque se están diseñando políticas a favor de los menores y que involucrarán a todos los sectores como Educación, Salud, Trabajo y Justicia. El Poder Judicial ha hecho un buen trabajo en la rehabilitación, pero ellos son los juzgadores”, sostiene Víctor Quinteros, director de Política Criminal y Penitenciaria del Minjus.

Aunque los centros juveniles ya no estarán a cargo del Poder Judicial, Magán asegura que su objetivo es construir un gran centro de rehabilitación que será “un referente”. Por lo pronto, los vecinos de San Miguel exigen que trasladen ‘Maranguita’. No quieren más revoltosos cerca de sus casas.

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