Contraloría detecta perjuicio económico en obra de puente sobre el río Cumbaza. Municipalidad Distrital de Morales no aplicó penalidad por  S/ 650 mil y pagó S/ 40 mil por mayores gastos generales

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"Diferencia que se nota"

Contraloría detecta perjuicio económico en obra de puente sobre el río Cumbaza. Municipalidad Distrital de Morales no aplicó penalidad por  S/ 650 mil y pagó S/ 40 mil por mayores gastos generales

 

San Martín. La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 691 274 en la Municipalidad Distrital de Morales por ampliaciones de plazo y pago de mayores gastos durante la construcción del puente vehicular sobre el río Cumbaza, ubicado entre el cruce con el jirón Manco Cápac y el pasaje Oasis.

La comisión auditora identificó durante la realización del servicio la presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios que laboraron en la entidad municipal en el año 2016.

Entre los principales hechos detectados se determinó que los funcionarios de la municipalidad aprobaron y otorgaron, hasta en tres oportunidades, ampliaciones de plazo a fin de concluir los trabajos.

Sin embargo, no se contaba con el sustento técnico que acredite la afectación a la ruta crítica para otorgar las ampliaciones, originándose que se deje de percibir S/ 650 566.60 por la inaplicación de penalidades por incumplimiento de plazo contractual.

Además, se advirtió el pagó S/ 40 708.23 por mayores gastos generales que no correspondían, lo que afectó la legalidad, transparencia y el correcto desenvolvimiento de la administración pública.

El contrato de la obra se suscribió en octubre del 2016, bajo el sistema de contratación a suma alzada, con el representante del consorcio El Bado Oasis por S/ 6 505 666.92 y con un plazo de ejecución de 180 días calendarios. Mientras que, la supervisión de los trabajos fue adjudicada por el monto de S/ 154 284.66.

El Informe de Control Específico N° 050-2020-2-0471-SCE sobre el servicio realizado, se encuentra publicado en el portal web www.contraloria.gob.pe. Asimismo, fue remitido al titular de la entidad para proceder con las acciones administrativas que correspondan; y al procurador público de la Contraloría General para el inicio de acciones judiciales contra los comprendidos en los hechos que evidencian irregularidad. (Nota de Prensa)

 

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