Defensoría detecta que 14 II.EE.habrían condicionado matrículas. Al pago de diversos conceptos como la famosa cuota de “Apafa”
Moyobamba. La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín instó a las autoridades educativas de esta región a iniciar medidas disciplinarias y administrativas inmediatas contra las y los directores de las instituciones educativas públicas en las que se habría condicionado las matrículas al pago de diversos conceptos, como Apafa u otros.
A través de comunicaciones dirigidas a las unidades de gestión educativa local (UGEL) de Moyobamba y Rioja, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín, Janet Álvarez, trasladó los resultados de las intervenciones realizadas a un total de 14 colegios públicos de estas localidades en los que se habría exigido el pago de distintos montos a los padres y madres de familia para proceder con las matrículas de sus hijas e hijos, algunos de los cuales habrían sido difundidos incluso a través de las redes sociales de las propias instituciones educativas.
De acuerdo a reportes de la sede de la Defensoría del Pueblo en San Martín, serían cuatro los colegios públicos en Moyobamba en los que se habría exigido el pago irregular de dinero. Por su parte, en Rioja la lista de instituciones educativas que habrían actuado de manera similar la conforman 10 planteles.
Ante ello, la representante de la Defensoría del Pueblo en San Martín pidió a las UGEL de Moyobamba y Rioja disponer el cese inmediato de cualquier acción por la que se pretenda condicionar el proceso de matrículas. En los documentos dirigidos a estas dos entidades, Álvarez recordó que ninguna institución educativa pública o privada puede exigir el pago de otros conceptos como condición para el proceso de matrícula, tal como lo dispone la Resolución Ministerial 447- 2020 del Ministerio de Educación.
De otro lado, precisó que el condicionamiento y exigencia de pagos previos configura el delito de cobros indebidos que deben ser materia de investigación a cargo del Ministerio Público, independientemente de las investigaciones que se inicien a nivel administrativo.
“En el caso de las instituciones educativas públicas, estas se encuentran prohibidas de condicionar las matrículas al pago de la cuota de Apafa o a cualquier otro pago que restrinja el acceso o permanencia de las y los estudiantes en las escuelas”, precisó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín, quien además demandó la implementación de canales digitales y telefónicos que permitan a los padres o madres de familia presentar las denuncias sobre presuntos actos irregulares durante el proceso de matrícula para el año escolar 2021 en la región.
