Genera cuestionamientos legales y administrativos
San Martín. La progresiva transferencia de funciones estratégicas del Gobierno Regional de San Martín hacia la ciudad de Tarapoto viene generando creciente preocupación jurídica, política y ciudadana, debido a que podría constituir una alteración material del modelo de descentralización establecido por la legislación peruana.
Moyobamba, reconocida legalmente como capital del departamento y sede oficial del Gobierno Regional de San Martín, estaría experimentando un proceso de vaciamiento funcional mediante el desplazamiento de órganos decisorios y administrativos hacia otra ciudad de la región, situación que diversos sectores consideran incompatible con el marco normativo vigente.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N.º 27867 establece que los gobiernos regionales son entidades descentralizadas con autonomía política, económica y administrativa, cuya finalidad es promover el desarrollo regional integral, equilibrado y sostenible. Asimismo, la norma define una organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Estado peruano.
Especialistas advierten que la instalación en Tarapoto de oficinas con funciones estratégicas, incluyendo despacho del gobernador, gerencia general y gerencias regionales, podría exceder una simple política de desconcentración administrativa y aproximarse a una sustitución funcional de la sede regional establecida en Moyobamba.
Uno de los aspectos más discutidos es la medida atribuida al gerente general Manolo Olivera, que establece que la documentación administrativa creada en Moyobamba debe ser llevada de forma física a Tarapoto para su procesamiento y abastecimiento, lo que genera costos extra para el gobierno, demoras en los trámites y perjudica el principio de eficacia en la administración pública.
Diversos actores y algunos trabajadores del gobierno regional consideran que esta práctica genera un perjuicio directo a la población del Alto Mayo, además de debilitar progresivamente el rol institucional de Moyobamba como capital regional.
Desde el punto de vista jurídico, la situación podría configurar como una posible desviación de finalidad administrativa, afectación al principio de legalidad, vulneración del principio de descentralización y equilibrio territorial, riesgo de uso ineficiente de recursos públicos.
Asimismo, se plantea la necesidad de intervención de los órganos de control y fiscalización del Estado, entre ellos el Consejo Regional y la Contraloría General de la República, a fin de evaluar si las decisiones adoptadas cuentan con sustento técnico, legal y presupuestal suficiente. (Diario Amanecer)
Foto: Frontis del Goresam
