Exviceministro de Seguridad Pública cuestiona cifra de desarticulación de organizaciones criminales entre 2020 y 2025

En diálogo con RPP, Corcuera explicó que esta categoría está contemplada en la ley peruana mediante el Decreto Legislativo 1095, promulgado en 2010 durante el segundo gobierno de Alan García. En esta legislación, se determinan tres categorías para aplicar esta calificación: que la organización tenga control territorial definido, que tenga capacidad y deseo de atacar al Estado y que haga o participe en actos hostiles. Así, Corcuera consideró que resulta difícil hacer coincidir con los requisitos jurídicos establecidos a organizaciones locales como Los Pulpos y La Jauría; caso contrario es el de Los Choneros de Ecuador, el Comando Vermelho de Brasil y el Tren de Aragua y sus facciones, que sí estarían incluidas en esta clasificación. "En el Perú se han desarticulado, entre 2020 y 2025, 1 280 organizaciones criminales. Eso es un absurdo. Yo acabo de venir de un foro en el que he participado con la policía, este de la Guardia de Finanzas Italiana, con los Carabinieri Italianos, y me decían que, por ejemplo, ellos creían que en Italia no había más de seis organizaciones criminales y nosotros tenemos 1 280 desarticuladas", aseguró. El exviceministro sostuvo que el Estado debe identificar de manera concreta a las estructuras delictivas que busca combatir.  "Un concepto tan complejo como ese no puede ser tomado a la ligera porque si todo es organización criminal, nada es organización criminal. Eso es algo que lleva lo siguiente: enfrentar al crimen del siglo XXI requiere una arquitectura jurídica distinta; no podemos enfrentar al crimen del siglo XXI con una arquitectura jurídica del siglo XX", refirió. Por otro lado, Corcuera sostuvo que una reforma integral de la Policía Nacional requiere rediseñar la institución y alcanzar consensos entre las fuerzas políticas. También planteó fortalecer los mecanismos de control patrimonial para prevenir actos de corrupción entre quienes están encargados de investigar a las organizaciones delictivas. Estimó que el proceso demandaría un periodo prolongado debido a las decisiones políticas y los acuerdos necesarios. Estas acciones no deberían limitarse a reemplazar a los altos mandos dentro de la PNP, sino que tendrían que comprender una transformación en toda la institución. El especialista también se refirió al viaje de Fujimori a El Salvador para conocer las medidas de seguridad  implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele y consideró que los resultados de esta visita deberán evaluarse en las próximas semanas. Respecto a la construcción de establecimientos penitenciarios inspirados en el modelo salvadoreño, afirmó que esto no será suficiente si no se bloquean las señales de telefonía celular dentro de las cárceles. "Si se construye un CECOT peruano y no se bloquea la señal, va a ser lo mismo que nada", afirmó. Corcuera consideró que el Perú debería adoptar esta y otras medidas similares al país centroamericano, y cuestionó que continúe la comercialización informal de chips telefónicos, que pueden facilitar las comunicaciones de los internos con redes delictivas en el exterior. El exministro también cuestionó los resultados de la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre ellas las pocas denuncias por extorsión que acabaron en esta última instancia. "El año pasado el Ministerio Público ha reportado 27 500 denuncias por extorsión y de estas han llegado al Poder Judicial 1.047, es decir, el 4 %. El 96 % de estas han quedado en impunidad", apuntó. Asimismo, indicó que entre 2020 y 2025 se registró una sola sentencia en primera instancia por minería ilegal en la región La Libertad. Sostuvo que aumentar las capturas no será suficiente si los casos no llegan a una sanción judicial efectiva. En línea con lo mencionado, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en las estrategias contra la criminalidad, señaló que la cooperación con la PNP no necesariamente implica desplegar militares en las calles, sino aprovechar sus capacidades de inteligencia, equipamiento y tecnología. Entre estos recursos mencionó los drones, los equipos de vigilancia y los sistemas de inteligencia disponibles en las instituciones militares. Apuntó que la lucha contra la criminalidad requiere una estrategia que articule las capacidades de la Policía, las FFAA y el sistema de justicia, además de reformas institucionales y medidas para impedir que las organizaciones delictivas continúen operando desde los establecimientos penitenciarios. Martín Ojeda, director general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Pasajeros, informó que su sector enfrenta una escalada de violencia criminal que ha contabilizado cerca de 10 ataques contra seis empresas en menos de 20 días.